martes, 29 de julio de 2014

Caso contra exjuez preso en Florida incolucraría a un compositor

El nombre del general venezolano Hugo Carvajal Barrios no aparece en la acusación que contra el abogado y empresario Benny Palmeri Bacchi instruye un fiscal federal ante la corte del distrito del sur de Florida, en EEUU.
En cambio sí figura el nombre del compositor italiano, radicado en Venezuela, Rudy Salvatore La Scala por su relación con el negocio inmobiliario en Caracas y Miami.

Palmeri, quien fue juez en Nueva Esparta y Miranda, se encuentra detenido en Miami desde el viernes 18 de julio y está acusado por cuatro delitos, a saber conspiración para distribuir cocaína en EEUU, conspiración para obstruir la justicia, conspiración para lavado de dinero e inteferencia con el comercio por extorsión.

El documento, firmado por el fiscal Wilfredo Ferrer, incluye al funcionario de la policía científica venezolana (CICPC), Rodolfo McTurk, a quien acusa por conspiración para distribuir cocaina y conspiración para obstruir la justicia.

En la acusación, identificada con el número 13-CR-20930-UU, no se aportan elementos de convicción sino sólo enunciados sin ningún sustento o pruebas.

Los dos primeros delitos, que son imputados a ambos acusados, estarían relacionados con el narcotraficante colombiano Jaime Marín Zamora, capturado en septiembre de 2010 por las autoridades de Venezuela y deportado pocos días después a los EEUU.

Contradictoriamente la acusación dice que Palmeri y McTurk habían conspirado para obstruir la actuación de la justicia estadounidense para capturar y deportar o extraditar a Marín Zamora. El hecho concreto indica, sin embargo, que el traficante fue deportado inmediatamente luego de su captura. Por lo que la acusación no parecer tener asidero.

Marín Zamora aceptó los cargos de introducir 30 toneladas de cocaína a EEUU entre 1999 y 2004, y por eso fue condenado a 16 años de prisión y al pago de una multa de 1 millón de dólares por la juez Patricia Seitz en marzo de 2012.

Sin embargo la acusación contra los venezolanos circunscribe la actuación al período entre febrero de 2009 y septiembre de 2010, por el cual no ha sido procesado ni fue condenado el colombiano. Mal podría sustentarse una acusación contra los cómplices si no se procede igualmente contra el ejecutor del delito.

Los otros dos delitos, conspiración para lavado de dinero e interferencia con el comercio por extorsión, involucran sólo a Palmeri, y están relacionados con un negocio inmobiliario iniciado en octubre de 2006.


Rudy Salvatore La Scala
En resumen se trató de la compra de un apartamento en la urbanización Altos de Villanueva, en el municipio El Hatillo (en el área metropolitana de Caracas) que Palmeri hizo al cantante y compositor italiano Rudy Salvatore La Scala.

La negociación se hizo por la suma de 357 mil bolívares y contempló un pago en efectivo por 102 mil bolívares y el saldo de 255 mil se cancelaría con la cesión de un inmueble en Miami, perteneciente al abogado.

La transacción derivó en un largo y complejo proceso legal en los tribunales civiles del estado Miranda, que incluyó el secuestro o desalojo legal del apartamento tras la acusación de La Scala de incumplimiento del contrato. El compositor alegaba que nunca se le hizo entrega del inmueble en Miami.

Sin embargo los abogados de Palmeri argumentaron que el corredor inmobiliario de La Scala había tomado control del inmueble, lo había arrendado y venía depositando lo facturado en una cuenta del músico ítalo-venezolano.

Este corredor aparece identificado como Juan Carlos Sánchez en una de las actas del juicio en Venezuela, y casi con seguridad es J.C.S., siglas del propietario de una empresa de bienes raíces, quien sería la víctima de la extorsión por la que procesan a Palmeri en Florida.

El escrito del fiscal dice que el venezolano ha amenazado con violencia y miedo al operador inmobiliario, su familia y amigos.

Coincidencialmente un corredor de inmuebles del mismo nombre fue enjuiciado en 2013 por el fiscal Ferrer (el del caso contra Palmeri) por un fraude con la venta de viviendas en Fort Lauderdale, Miami.

La estafa, donde habrían participado ocho personas, fue por el monto de 39 millones de dólares y se ejecutó entre enero de 2007 y noviembre de 2008 con la obtención de créditos para unidades del condominio Marina Oaks. Sánchez fue declarado culpable en 2013 y condenado a 16 años de prisión en enero de 2014.

Fuente: La Tabla - http://www.redpres.com

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