BANCOS FUSIONADOS. Semanas atrás fue aprobada por Sudeban la fusión entre los bancos Guayana y Caroní, lo que ha derivado en que alrededor de 800 empleados que pertenecían al Guayana sean transferidos a la nómina del Banco Caroní.
Pero el movimiento ha causado malestar entre empleados, quienes catalogan de “inestabilidad laboral, engaño y perjuicios” las nuevas condiciones laborales que les estarían imponiendo en el Caroní. De acuerdo a comunicación que nos hace llegar personal de la institución, en el Banco Caroní cuentan con una contratación colectiva desfavorable y desmejorada respecto a los beneficios que percibían en el Banco Guayana. Aducen que los empleados que no aceptan las nuevas condiciones corren el riesgo de ser despedidos y liquidados, según estos, de forma irregular.
BANCO BICENTENARIO. Familiares de un grupo de empleados detenidos del Banco Bicentenario en el estado Táchira señalan que sus parientes son inocentes. Argumentan que estos no tenían poder suficiente dentro de la institución para ejecutar la presunta estafa de la cual se les acusa. Creen que no han sido sometidos a un proceso judicial justo y que las evidencias presentadas carecen de suficiente peso para sostener la acusación. Consideran propicio que las autoridades investiguen a los superiores de los trabajadores procesados, por considerar que estos solos no pudieron haber cometido el presunto delito.
UNA. Personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Nacional Abierta (UNA) exigen la cancelación de pagos atrasados. Señalan que está pendiente el fondo de pensiones más el aporte patronal. Critican que la Opsu le haya eliminado la prima por hogar al personal jubilado de la casa de estudios. Instan al vicerrectorado administrativo a dar respuesta concreta a sus planteamientos, dado que estarían siendo afectados trabajadores de diferentes centros locales a lo largo y ancho de Venezuela.
POLICÍA DE ANZOÁTEGUI. Agentes de la policía del estado Anzoátegui siguen quejándose de presuntos maltratos que reciben de jefes del cuerpo de seguridad. Sostienen que han formulado denuncias al respecto en la ciudad de Caracas. Según expresan en una comunicación, el descontento generado podría tener consecuencias políticas negativas para el PSUV en próximos procesos electorales a celebrarse en la precitada entidad.
FERROCASA. Compradores del urbanismo Guayana Country Club en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en el que la empresa Ferrocasa construiría un complejo habitacional siguen haciéndose varias preguntas. Entre estas figuran: “¿Terminarán algún día de construir las viviendas que llevan 8 años vendidas? ¿Cuántos nuevos empleados tiene Ferrocasa? ¿Por qué tienen que llevar gerentes de Caracas, si en Guayana hay muy buenos? ¿Quién paga los frecuentes viajes de estos gerentes foráneos?”
OFICINA DE TIERRAS – ANZOÁTEGUI. Usuarios se quejan de mal funcionamiento en la Oficina Regional de Tierras del estado Anzoátegui. Consideran que en el organismo, dependiente del INTI, impera la burocracia y la “falta de profesionalismo”. Cuestionan que para entrevistarse con alguna autoridad de la oficina deban solicitar citas previas. Según exponen en un remitido, consideran inadecuado que funcionarios del área jurídica de la dependencia oficial “caminen descalzos” en las oficinas.
FINANCISTAS POLÍTICOS. Se apellida Ortiz y es hijo de un piloto de la extinta línea aérea Viasa. Es primo de la esposa de Martínez, un dirigente socialista del estado Anzoátegui de quién aseguran estuvo vinculado en el pasado al partido Primero Justicia. Así lo narra una fuente que prefirió resguardar su identidad, la cual agrega que Ortiz es propietario de una agencia de lotería ubicada cerca del terminal terrestre de Puerto La Cruz, pero que a su vez es poseedor de cuentas bancarias con elevados saldos, que contrastarían con las modestas ganancias que le genera la agencia de lotería. Según la fuente, tanto Ortiz, como un primo de éste (hermano de la esposa de Martínez) y el propio Martínez estarían dedicados a la compra y venta de vehículos y a otros negocios. Del dirigente político, abogado de profesión, señalan que ostenta una gran fortuna y que de sus arcas supuestamente han salido préstamos que el primo de su cónyuge le ha hecho a un joven precandidato de la oposición a la gobernación del estado Anzoátegui para su campaña electoral.
MUNÍCIPES CONTROVERSIALES. Figueredo, Rojas y Granadino son los apellidos de 3 concejales del estado Anzoátegui denunciados meses atrás ante organismos de seguridad e investigados por el presunto forjamiento de un doble informe. La denuncia fue elevada ante el Ministerio Público por un ex diputado regional. Así lo aseguran lectores, quienes sostienen que después de una intensa averiguación realizada por varios organismos de seguridad, el expediente no prosperó en la fiscalía. Agregan que igual de polémico sería otro edil de apellido Gutiérrez que se desempeñó como síndico procurador en un municipio del estado Sucre, cobrando a la vez como asesor de una ex concejal anzoatiguense. Atizan que Gutierrez fue despedido de dos entes regionales anzoatiguenses (uno ejecutivo y otro legislativo) y de la oficina del INCE en Puerto La Cruz por supuestos hechos irregulares que motivaron la apertura de expedientes administrativos a nivel contralor.
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sábado, 28 de enero de 2012
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