Esta normativa legal que fue aprobada en primera discusión el martes 10 de mayo del presente año, establece penas en caso de incumplimiento de los preceptos que en la Ley se consagran, a los fines de salvaguardar el patrimonio público.
Con la reforma de esta Ley se extiende su ámbito de aplicación al agregar responsabilidades, no sólo a los funcionarios y personas jurídicas, sino a las organizaciones no gubernamentales, de base comunitaria y otras formas de organización social que reciban fondos del Estado.
En el proyecto clasifica la participación de los consejos comunales y las comunas, así como cualquier otra forma de organización social, como sujetos activos y pasivos de la Ley, asignándoles responsabilidades en el marco de la lucha contra la corrupción.
Asimismo, contempla la instauración de la Declaración Jurada de Intereses de manera preventiva, para obligar al funcionario público a que informe a la Contraloría General de la República (CGR) y a su superior jerárquico, acerca de las actividades que desarrolla que sean diferentes a su función pública.
También durante la sesión de la Asamblea Nacional, se tiene previsto autorizar tres créditos adicionales al presupuesto de gastos vigentes para los ministerios del Despacho de la Presidencia, por la cantidad de 74 millones 443 mil 684 bolívares; Relaciones Interiores y Justicia, por el monto de 27 millones 965 mil 432 bolívares y el último será destinado para la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, por un monto de 20 millones 23 mil 981 bolívares.
Fuente: AVN
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