“Muerte en Reporte Diario de la Economía” (Parte XI)

Por: Leonard Cabrera - Para algunos, la razón que condujo a que ocurriera el asesinato de Pierre Gerges y que en teoría iba encaminado a acabar con la vida de su hermano Tannous, fueron las denuncias publicadas en “Reporte Diario de la Economía” sobre la gran estafa de los bonos de Bandagro, donde los Ramírez López tenían intereses y lucro, llegando incluso a penetrar el entorno de la abogada Esther Bigott de Loaiza, quien fuera contratada por la otrora procuradora nacional venezolana Marisol Plaza, para defender los intereses de la República.
Sobre el caso de se volvamos este preciso reportaje publicado el 08-04-2007 en el diario “El Universal”.

La gran estafa

Los bonos de Bandagro han reaparecido como un fantasma de la Cuarta República, con contactos que alcanzan Miraflores. Esta historia de corrupción podría costar al país $6 mil millones.

Por: Francisco Olivares

El fantasma de una gran estafa de tiempos de la Cuarta República ha sobrevivido por más de 20 años. Una historia de mafias, corruptelas, negociados, extorsiones y sobornos recorre oficinas públicas, pasa por la Asamblea Nacional y llega hasta el propio despacho de la Presidencia de la República. Se trata de un fraude continuado con unas Notas Promisorias (bonos cero cupón) emitidas por el entonces quebrado Bandagro, cuyos papeles fueron forjados y diseminados en el mercado negro. Durante 20 años, estas notas permitieron a una banda organizada de origen italiano, encabezada por Paolo Pavanelli, condenado y sentenciado tanto en Inglaterra como en Italia, obtener préstamos, capturar dinero de ahorristas y traspasar títulos a terceros. Para esa operación, el italiano Pavanelli y sus socios, según se desprende de los documentos acumulados en los distintos expedientes, contó y cuenta todavía con aliados internos y externos. En tiempos de revolución, esas redes han logrado llegar hasta el propio despacho presidencial a exigir que sean cancelados los bonos por un monto que pasa los mil millones de dólares. Dos demandas están en curso en el exterior: una en Ohio por 100 millones de dólares y otra en Suiza por 1.075 millones de dólares por parte de los tenedores de Notas Promisorias. De fallar estos tribunales en contra de la República, las pérdidas para el país podrían llegar hasta los seis mil millones de dólares, ya que una sentencia en ese sentido produciría un efecto extensivo a todo aquel que posea Notas Promisorias de Bandagro. Pero las investigaciones indican que por este tipo de títulos se han producidos demandas contra la República de Venezuela en Washington, Kansas, Luisiana, Italia, Inglaterra y Principado de Liechtenstein. Todas las demandas se encuentran avaladas y respaldadas por documentos que aparentan una presunta autenticidad. Ese proceso ha provocado la destitución de altos funcionarios, contratación de bufetes en el exterior, investigaciones internas y externas que han costado varios millones de dólares al país, pero el caso ha llegado a una encrucijada en donde nadie parece encontrarse fuera de sospecha. Con el fin de hilar esa compleja trama, Expediente de El Universal inicia una serie de trabajos que se publicarán en distintas entregas. Contacto en Maiquetía Corrían los años noventa cuando una llamada de Interpol a la dirección de Crimen Organizado de la entonces llamada Policía Técnica Judicial (PTJ) alerta que están por salir de Maiquetía dos personas investigadas por ese organismo internacional. Se trata de Alfredo Agaar y Román Delgado. Ambos fueron detenidos antes de pasar la aduana. En su poder encontraron varias Notas Promisorias sin firmar, sellos de Bandagro y un instructivo de cómo deben ser llenados esos títulos. También portaban una sentencia de un tribunal civil venezolano en el cual se condena a Venezuela a pagar las Notas Promisorias, con sello y firma del tribunal y el juez. Unos días antes, otra venezolana casada con un italiano, Jasmín Angulo de Fusco es detenida en el aeropuerto de Nueva York. En su equipaje de mano llevaba igualmente Notas Promisorias en blanco y un instructivo que indicaba la forma de llenarlas. En el caso de Maiquetía, la Policía Técnica Judicial abre una investigación que apunta a que se trata de unos papeles que fueron emitidos por Bandagro en 1981. El caso llega a tribunales con los dos detenidos hasta que finalmente aterriza en el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público en donde la causa contra esos dos ciudadanos es sobreseída. Misteriosa desaparición La historia de esos papeles se remonta a 55 Notas Promisorias que emitió Bandagro en 1981 cuando ya cumplía cerca de un año de intervención financiera. Ya desde 1980 la institución presentaba problemas económicos y se decide su intervención. Para dirigir tal proceso fue designado Waldemar Cordero Vale quien ocupaba altos cargos en esa misma institución. Las Notas Promisorias habían sido emitidas sin firmar y enviadas al National Bank de Miami a fin de obtener un préstamo con el aval de esos papeles. La gestión ante el banco para obtener el préstamo la hizo un alto funcionario del organismo, Albano Fontana, pero se encuentra conque las notas nunca estuvieron en manos del banco y por tanto nunca fue aprobado ese préstamo. ¿Qué había pasado con ellas? ¿Cómo se desviaron del camino entre Caracas y Miami? Las notas que nunca se firmaron fueron reproducidas y comenzaron a circular en el mercado negro. Las mismas habían sido enviadas al banco en Miami a través de un asesor financiero de apellido Ling, pero según declaró la entidad financiera en su momento, éstas nunca llegaron a la institución. A pesar de que el caso se diluyó en los tribunales de la República, varios pronunciamientos de distintos gobiernos declararon la falsedad de las Notas Promisorias basados en las investigaciones practicadas por la Dirección de Crimen Organizado de la PTJ. En septiembre de 1998, la ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre, publicó un comunicado en la prensa nacional ante la proliferación de intento de cobro de los sospechosos títulos. La ministra aclaró que por tal razón se ordenó una investigación de inteligencia. Ese comunicado fue reproducido por el entonces Ministro de Finanzas, José Rojas, el 23 de febrero de 2001. Comunicados similares fueron publicados por distintos organismos en fechas anteriores como Fogade y Banco Central de Venezuela. Asimismo una investigación abierta por la Contraloría General de la República de junio de 1992 concluyó y sustanció pruebas de la inexistencia de compromisos por parte de Bandagro por la emisión de documentos de crédito, correspondientes a las Notas Promisorias con código Caroní ICC-290 e ICC-322. De manera que, sucesivamente desde 1991, fecha en que supuestamente se vencían los papeles, tenedores de esas notas intentaron cobrarlas por distintas vías.Reviven los papeles Con el ascenso de Hugo Chávez Frías a la Presidencia en 1999, los tenedores no cesan en sus aspiraciones. El 21 de abril de 2002, en medio de la convulsión política que vivía el país, el abogado Miguel Jacir envía una comunicación por escrito directamente al Presidente de la República en la que le solicita facilitar la tramitación de los pagos correspondientes a 24 Notas Promisorias, del código Caroní, serie ICC-290 e ICC-322 por un monto de 600 millones de dólares. La comunicación la envía el abogado acompañada de las notas con diversos recaudos y lo hace en nombre de la empresa radicada en Panamá, Grupo Triad-FCC, Spa. Esta compañía está relacionada con el grupo de Paolo Pavanelli, preso en Italia, por estafa con los títulos de Bandagro. La respuesta del despacho presidencial fue ordenar una investigación al entonces ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega. La comunicación de fecha 25 de junio de 2002 fue suscrita por la mayor Maritza Gamargo de Arroyo en la cual se remite la carta y los documentos recibidos de manos del demandante Miguel Jacir. Paralelamente, Jacir gestiona ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el pago de las Notas Promisorias. Allí es atendido por los diputados Luis Velázquez Alvaray y Pedro Carreño, quienes no sólo lo reciben sino que también diligencian ante el Ministerio de Finanzas la solicitud de pago en nombre de Jacir. Así comienza un intercambio de información entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Finanzas sobre estos papeles, que culmina con una orden de investigación de parte del ministro Nóbrega. Evidentemente, la investigación se inicia sobre la base de los documentos aportados por Miguel Jacir representante de Triad FCC, Spa.Pavanelli, el mayor implicado Paolo Pavanelli fue sentenciado a cumplir siete años de cárcel por un tribunal de Turín, Italia, el 3 de junio de 2003, por bancarrota fraudulenta, malversación en relación a la actividad de empresario individual, ejerciente abusiva actividad de recolección de ahorro y de gestión financiera, estafa agravada, daño de unos cuantos ahorristas y abusivo ejercicio de inversión. La sentencia fue luego ratificada el 8 de junio de 2004 por la Corte Suprema de Casación de Roma, la cual declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa. En los alegatos presentados por la defensa de Pavanelli se señalaba como principal causa de la quiebra de sus empresas "la duda en la autenticidad de los bonos del tesoro de Bandagro emitidos por Venezuela". Pero el Gobierno venezolano consignó varios documentos que demostraban la falsedad de esos papeles. Entre ellos se destaca una comunicación oficial del Ministerio de Hacienda en la que se detalla la no existencia de la emisión de tales bonos. Asimismo demuestran que las firmas consignadas por la defensa eran falsas y la emisión de tales papeles no estaba registrada ni en el Ministerio de Hacienda ni en el Banco Central de Venezuela. Paolo Pavanelli fue el principal productor, proveedor y comercializador de las Notas Provisorias falsas emitidas, más no firmadas y autorizadas por Bandagro. Durante el allanamiento que se le hiciera a su oficina comercial encontraron en su computadora el modelo en blanco de las Notas Promisorias y un aparente oficio suscrito por un ciudadano de nombre Víctor Urgüelles como director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda donde éste reconocía la validez de los mencionados títulos. Sin embargo, durante el juicio se demostró que Urgüelles no existía y por tanto nunca ejerció como director de ese ministerio.Se comprobó que ese oficio forjado había sido utilizado para calmar a los acreedores de Pavanelli, quienes comenzaban a entrar en sospechas acerca de que el dinero invertido en sus organizaciones financieras nunca sería retribuido.Asimismo, en el expediente se observa cómo Pavanelli operaba con varias empresas como la Triad-FCC de Panamá y Crédito Mercantile, que actuaba en Turín y Roma, pero que en realidad eran empresas de papel o cajas vacías que no tenían bienes inmuebles ni licencia comercial y ni siquiera eran contribuyentes.Triad, Credito Mercantile y Pavanelli actuaban como intermediarios financieros sin autorización y en violación de las leyes. Hacían gestión con fondos prohibidos indispensables para tapar el hueco financiero. Lograron estafar a una gran cantidad de ciudadanos italianos apoyados en las Notas Promisorias de Bandagro. En los testimonios recogidos por el tribunal se observa que se trata de pequeños ahorristas que invirtieron en esos papeles ofrecidos a 40% por debajo de su valor nominal pensando que en pocos años obtendrían un buen rendimiento. Durante la investigación del tribunal de Turín se demostró cómo todas las empresas tenedoras de Notas Promisorias están relacionadas entre sí. Las demandas de Ohio y de Suiza contra Venezuela se hicieron con dos días de diferencia: el 28 y el 30 de agosto de 2004. Los demandantes son Skye Venture, en Ohio; Triad que gestiona los pagos en Caracas; Crédito Mercantile que actuó en Italia y Woodstride, en Suiza. Mientras en Venezuela se desarrollaba una nueva investigación, nuevos elementos han complicado el escenario para la República.