domingo, 25 de abril de 2010

Las víctimas del Caracazo: Una dura búsqueda de 21 años

Llevan 21 años, un mes y 25 días esperando a sus muertos. Los vieron irse vivos durante una jornada azarosa, pasada por gritos, desmanes, censuras, balas y misterios. Muchos misterios. Eran tiempos aciagos, igual que ahora. La ciudad quedó prácticamente en ruinas. Sin transporte, sin alimentos, sin ley.
Sin ley justa, más bien. En las 48 horas que duró el Caracazo, unas 300 personas —no hay aún cifra oficial— resultaron muertas o desaparecidas a manos de militares y policías que intentaban controlar las protestas a la situación social que padecía Venezuela. 27 y 28 de febrero de 1989, dos fechas en las que el Gobierno del vecino país celebra el “levantamiento del pueblo”, mientras los familiares de las víctimas cuentan un aniversario más sin saber de la suerte de los suyos.

La lucha de esas familias por obtener verdad, justicia y reparación por parte del Estado venezolano ha tenido que enfrentar más de un tropiezo en más de dos décadas. Primero, encontrar la tenebrosa fosa común en la que se hallaban algunos cuerpos. Luego, ver cómo se suspendía sin motivo aparente la identificación de los restos. Enseguida, ser testigos del rompimiento de la cadena de custodia a la evidencia. Tiempo después, lograr un triunfo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que puso su lupa al proceso, acompañado de la desatención de las autoridades locales. Recientemente, conseguir que sigan las exhumaciones, pero lideradas por los mismos militares y sin la presencia de los parientes de los fallecidos.

Así, ha pasado año tras año tras año. Apenas tres cuerpos identificados plenamente, 65 cadáveres que se convirtieron por arte de magia en 125 cuando el Gobierno retomó el proceso por orden del tribunal internacional. Ni una condena a los victimarios, un juicio sin resultados todavía a dos funcionarios policiales, una imputación contra el ministro de Defensa de entonces, Ítalo del Valle Alliegro, y una solicitud de extradición —el mes pasado— al presidente de la época, Carlos Andrés Pérez.

Y nada más. Lo cuenta Claudia Carrillo, coordinadora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) de los sucesos ocurridos entre febrero y marzo de 1989 en Venezuela, quien estuvo en Bogotá participando en el II Congreso Mundial de Trabajo Sicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, que se realizó esta semana en la Hemeroteca Nacional Universitaria.

Los expertos debían proponer normas mínimas internacionales ante la desaparición forzada y otros graves delitos contra los Derechos Humanos y, en su intervención, Carrillo planteó que las víctimas participen de cerca en los procesos de exhumación. Que se les tenga en cuenta.

No fue gratuita su propuesta. En diálogo con El Espectador, cuenta que las exhumaciones a los nichos de La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde fue encontrada una fosa común, se iniciaron nuevamente el año pasado, luego de una sentencia de 2002 de la CIDH que responsabiliza al Estado venezolano por la masacre. Sin embargo, según ella, el gobierno no ha tenido en cuenta a las víctimas en el proceso.

“No ha habido respuesta del gobierno para las familias que piden estar cerca de las exhumaciones, tal y como lo ordena la CIDH… La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dice que los cuerpos que no logren identificar irán a un monumento, sin dar mayor respuesta a las víctimas… Además, ¿por qué encuentran 125 restos si nosotros, en 1990, cuando comenzó el proceso que luego detuvieron, dejamos 65 en La Peste?”.

Podría decirse que esos hechos son una paradoja si se tiene en cuenta que el Caracazo, que evidenció la molestia del pueblo con la clase dirigente, es reconocido como el origen de la revolución chavista. De hecho, Chávez decretó el 27 de febrero como el Día de la Participación Protagónica del Pueblo y responsabiliza a Carlos Andrés Pérez por los muertos. A las víctimas de esas protestas, no obstante, el teniente coronel parece haberles dado la espalda.

Las familias reunidas en Cofavic y los directivos de ese comité tuvieron medidas cautelares de protección, por orden de la CIDH, hasta 2002, cuando fueron levantadas “a pesar de los reportes que les habíamos dado en sentido contrario”, dice Carrillo.

Hoy, la organización denuncia hostigamientos anónimos y amenazas de judicialización por parte del gobierno. “Dicen que hasta que las víctimas no entreguen datos antropométricos y otras informaciones complicadas de conseguir para ellos, las exhumaciones no siguen… La Fiscal ha asegurado en comunicaciones públicas que si no les llega eso van a tomar acciones legales contra Cofavic”.

La pelea no devuelve la dignidad a unos muertos que tendrían que haber regresado con vida, un día de estallido social.

Los ‘paramilitares’ de Venezuela

Cofavic trabaja además con otros casos de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Por ejemplo, con las víctimas de la masacre del retén de Catia, ocurrida en 1992, y con los familiares de los desaparecidos en el marco del desastre natural en el estado Vargas, en 1999. Asimismo, el Comité acompaña a los afectados por los grupos ‘parapoliciales’. “Son policías que actúan al margen de la ley para hacer limpieza social, sin que eso esté reconocido como una política de Estado… Es un fenómeno del que habla el Ministerio Público… han cometido ejecuciones extrajudiciales… hay cerca de siete mil investigaciones abiertas por ese motivo”.

La organización publicó un libro titulado Los grupos ‘parapoliciales’ en Venezuela, en el que se asegura que entre 2002 y 2003 estos grupos armados ilegales asesinaron a 103 personas en los estados de Falcón, Anzoátegui, Yaracuy y Portuguesa. “La aceptación del fenómeno pasa por el nivel de tolerancia de la sociedad”.

Fuente: Laura Ardila Arrieta - http://www.elespectador.com

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